las relaciones con el estamento eclesiástico
El propio abad san Martín envió una carta a la
ciudad refiriendo su deseo de dejar las casas abaciales y bajarse al Llano, que
se va a ubicar definitivamente en este reinado. Su llegada en 26 de junio de
1666 complicó las relaciones con el corregidor y la ciudad por una serie de
pleitos protocolarios en los que se cuestionaba no sólo la jerarquía sino la
independencia de ambos estamentos, dando lugar hasta llegar a la excomunión del
corregidor Marqués de la Torre y el alcalde mayor, porque se habían opuesto a
las nuevas normas de protocolo introducidas por este abad, hijo bastardo de
Felipe IV.
Siempre las disputas y
diferencias entre las dos jurisdicciones civil y religiosa habían existido, más
por razones de puro protocolo que económicas y sociales. En estos años se
agravaron dando lugar a inasistencia de las ceremonias religiosas, al no llegar a un acuerdo en asuntos de
formulismos de cortesía en las ceremonias religiosas, las llaves del Jueves
Santo, la palma del Domingo de Ramos y el acompañamiento de pajes en la
procesión del Corpus Christi, los miembros municipales desde la iglesia
mayor trasladaron sus fiestas a los conventos.
No obstante, su influencia en la
Corte fue muy relevante para la ciudad, ya que, por sus gestiones, consiguió
algunos favores como la concesión de que se nombrase algunos capellanes de la
Capilla Real de Granada, que recibían los dos tercias partes de los diezmos.
Se frecuenta la ciudad por frailes que piden
limosna para cautivos en Africa, Asia y los lugares más inhóspitos y abundan
las celebraciones de canonizaciones como Santa Rosa y san Pedro de Alcántara en
1669 por los dominicos y franciscanos, o la fiesta de canonización del rey san
Fernando.
El punto más álgido del
conflicto entre la jurisdicción eclesial y civil tuvo lugar en 1674 con el
corregidor Luís López de Mendoza que se enfrentó abiertamente con el abad San
Martín, dando lugar a que fuera apartado de la ciudad durante un tiempo a Loja
y Montefrío por razones de grande excesos
y desatenciones tan notorias y públicas a la ciudad. No obstante, los regidores
no estaban de acuerdo con la decisión y recurrieron a la autoridad eclesiástica
para aligerar las acusaciones del fiscal que al fin fueron resueltas mediante
la mediación de don Gonzalo Fernández de Córdoba, que por aquel tiempo
ostentaba la presidencia de la Casa de Contratación, logrando la benignidad del
propio abad para lograr la quietud y la paz de los dos estamentos.
Este conflicto nos muestra la
participación de los miembros de la Corte en los órganos de poder municipal que
todavía no eran ajenos a las influencias y beneplácitos de los miembros del
Consejo de Estado, e, incluso, los señores que ejercían en algunos territorios
como era el caso del Duque de Sesa y Marqués de Priego, tan ligado a la ciudad
de Alcalá, que le rinde todo tipo de honores y pleitesía al mismo tiempo que es
su valedor en la Corte y protector en situaciones de dificultades económicas y sociales,
procurando el trigo y los mantenimientos de la ciudad hasta muy avanzado el
siglo XVII, como sucedió con la peste del 1679.
Pero no sólo fue este el único caso de
excomunión planteado por el abad, sino que el corregidor Fernando de Cea y
Angulo también se vio involucrado en otra condena del mismo tipo por
preeminencias con motivo del patronato de Pedro Fernández de Alcaraz que
otorgaban la presidencia al regidor más antiguo. En otros la iniciativa de la
separación de poderes partía del estamento civil como en el año 1689, que rompe
con la iglesia por simples cuestiones protocolarias en la procesión del día
dieciocho de junio, cosa muy frecuente de todo el Barroco. No obstante, casi
siempre estas decisiones debían tener un trasfondo de conflictividad subyacente
por las medidas de proteccionismo de intereses y la jerarquía eclesiástica
trataba de conciliar siempre la situación.
Aunque el rey y los Breves de
los papas obligaron en algunos momentos a la cooperación eclesiástica, algunos
servicios de los millones dieron lugar a grandes litigios con este estamento,
obligando a continuos aplazamientos como aconteció con el servicio de millones
de 1683. En el año 1686, finalmente, pudo consumarse un acuerdo con este
estamento que por ser mucho el estado eclesiástico,
tenían un gran control en la ganadería y en los viñedos. No obstante, siguieron
pidiendo aplazamientos en el nuevo establecimiento del cabezón de los 24
millones y de ocho mil soldados. En 1689, el propio corregidor debió emprender
medidas de aforo de los eclesiásticos y la prohibición de vender vino en sus
propias tabernas. El clero regular, por su parte, se libró de la imposición de
millones por las concesiones y mercedes reales. El camino lo iniciaron los
franciscanos observantes en el año 1690 (Cf. 1-9)
Otro conflicto que agravaba la
situación de los menos privilegiados eran los producidos por las competencias
judiciales, cuando algún preso se recluía en el recinto eclesiástico, dando
lugar a una serie de molestias en las clases más desfavorecidas que debían
llevar a cabo la guarda del edificio, hasta tanto se aclararan las
jurisdicciones. Debieron extenderse a finales del siglo XVII, pues los vecinos
se quejaron en 1688 porque debían abandonar sus labores y sus casas se veían
mermadas, solicitando que el alcalde nombrara a los desocupados (Cf.7.10)
Aunque algunos enfrentamientos
solían superarse, otros, puramente protocolarios, no se solventaba fácilmente.
En 1690, el abad intervino a través de las buenas labores del vicario y
capellán de la Real Capilla Bartolomé del Melgar para limar las relaciones provocadas por el protocolo en
llevar las imágenes de la patrona Santa Ana y la Virgen de las Mercedes en la
fiesta del dieciocho de junio. Para ello tratando de conservar la amistad y
concordia, ante la negativa de los regidores de acudir a las fiestas
religiosas, el día de Santiago la ciudad acepta de nuevo acudir a dicha
festividad.
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