Aunque poco a poco,disminuyen las deudas con la Corona, sin
embargo esto no impidió que se reclamaran en 1693 un resto de 10.000
reales de remanente que quedaban para el finiquito de la compra de la villa de Alcalá. De nuevo
la ciudad de Alcalá, sumamente embargada dilató el pago de la deuda y salió de
nuevo en subasta la villa del Castillo.
A
esto había que añadir los intereses de los regidores pretendiendo mantener los
privilegios en la villa castillera dando lugar al nombramiento de alcaldes ordinarios
en personas afines que delegaban entre los
vecinos de la aldea, o en el mantenimiento de algunos otros oficios como el fiel medidor
de granos ligado a la familia Alvarez de Sotomayor que provocaban un conflicto
de competencias.
En 1693, la ciudad se ve
obligada a reconocer ciertos débitos que todavía mantenía con la Corona
referentes a la compra del Castillo. Aunque trataron de impugnar la
intervención del presidente de la Real Chancillería Gregorio del Valle
Arredondo que reclamaba todas las deudas, considerando su actuación no legal
por no pertenecer al reino de Granada, sin embargo, al principio, los argumentos justificativos,
aducidos por los regidores alcalaínos, que defendían que Alcalá la Real era una ciudad de behetría o independiente como la abadía quasi nullius, no tuvieron valor alguno.
Tampoco le sirvió de nada otra defensa como la de que la subasta de la venta del Castillo no se había realizado
en Alcalá, perjudicando al término. Pues, pronto se nombraron comisarios para pagar
las deudas para que el asunto no llegara a consumarse.
Mientras los alcalaínos se enredaban en los pleitos, el juez
Juan Gutiérrez de la Peña se trasladaba a la villa del Castillo e
iniciaba el amojonamiento de su término
para delimitarlo. y, como el asunto cada vez se
presentaba difícil, se obligó a
adelantar el pago por el mes de julio de 1693. Un año después, el presidente de
la Chancillería volvió a reclamarlo , dando lugar
los aplazamiento a la nueva venta del Castillo de Locubín el día diecisiete de
diciembre de 1694. En el once de febrero de 1695, vino el mismo juez ejecutor anterior
para cobrar los atrasos, empeñando incluso las mazas de plata valoradas en
ochocientos reales. En el mes de agosto, un regidor residente en el Castillo,
comunicó sobre el intento del consejo de la
villa pretendiendo adquirir el término y embargar las tierras para pagar con
dicho dinero a la Corona:
respecto estar dividida la villa del Castillo de Locubín de la jurisdicción
de esta ciudad por dezirse debiendo a su Magestad cierta cantidad de maravedís
y tener notizia como por el concexo de dicha villa se pretende ganar despacho
para que se les dé del dicho término y adquirir su jurisdicción y pasarse a que
va a ser embargo a las tierras de arbitrios que están en las dicha villa para por su propia mano a ser el pago a su
Magestad, lo pone así en notizia de la ciudad.
Alcalá se enredaba en pleito tras pleito sin tenere en cuenta que no había pagado toda la deuda. Pero aún así, si se encontraban algunos reparos, aprobó que se pagaran de los
arbitrios de tierras (Cf. 19.8.1695).Compartimos las palabras de Alvarez de
Morales, porque en las actas hay pocos datos, cuando dice:
el ambiente se va enrareciendo
y como Alcalá no puede cumplir los pagos, con lo que se retrasa el momento de
entrar de nuevo en la posesión del Castillo
con plenitud de derechos, los castilleros, que saben cuan precaria es la
postura de la ciudad, no la respetan, y lo peor es que esta situación se conoce
en la Corte, porque los castilleros buscan como valedor al de los Trujillos. La
llegada al Consejo de la querella del Alcalde del Olmo, la insolvencia de la
ciudad, y las reclamaciones que denuncian el estado de anarquía responsable,
dan ocasión a que el Consejo disponga que, mientras se ultima el pago del
precio, y para excusar vejaciones a que los castilleros están sometidos por
parte de la ciudad, se rijan los vecinos del Castillo como Villa Realenga, y
elijan su Consejo según la costumbre de Castilla. Esta era la novedad que trae
el 1696...Rápidamente se acusa en Alcalá el efecto de aquella resolución.
Convencida de que nada puede conseguir si no es pagando, y es peligroso que se
acostumbren los castilleros a gobierno propio, con gran agobio económico y
quebranto de su hacienda, logra completar el pago el año 1698. El amor propio,
atropellado por la venta, se calmaría al tomar posesión simbólica de la vieja
fortaleza de La Villeta, y ahora, tenía nuevos motivos para justificar sus
derechos sobre el Castillo: los muy poderosos de haberlo comprado con tantos
sacrificios ( Con Un castillo pag 100).
En 1697 intentaron
prender a varios vecinos, entre ellos los regidores Andrés Ortiz y Pedro
Amador, por una orden de la Real Chancillería, solicitando la pena de
quinientos ducados. Nos muestra el funcionamiento del Concejo y de la justicia
que era ejercida por los alcaldes ordinarios que tenían la orden del
apresamiento. Así nos lo manifiesta el acta del 20 de marzo de 1607:
y que el escribano de esta
billa baxo de la misma pena tenga obligación en los Cabildos, que en esta Billa
celebra aga notorio dicho acto y así mismo se anote en los libros capitulares de la ciudad de Alcalá
la Real baxo de las mismas penas y se le haga ver a los escribanos de Cabildo
para que agan saber los Corregidores y
Alcaldes Mayores y no les admitan en los cabildos que se celebraran en la dicha
ciudad a don Andrés Ortiz y don Pedro Fernández Amador como regidores por ser
declarados reos.
Las relaciones entre ambas ( Alcalá y Castillo ) se agravaron, al no poder hacer frente al
pago de dichas deudas contraídas y se vio obligada a dejarla que se
administrara durante los años 1696 hasta el 1698 mediante un Concejo, que fue
elegido de modo abierto por los vecinos en la Parroquia. Aunque no se ha podido
encontrar una relación clara entre los regidores residentes en el Castillo y
sus intereses agropecuarios. Estaba claro que, por estos años, su número
sobrepasaba los doce regidores, y, entre ellos, unos porfiaban, por una parte, en mantenerse en los cargos y oficios y otros en
mantener sus privilegios en los pastos de Alcalá, lo que suponía la pérdida de
sus haciendas. Aún más, los regidores junto con los alcaldes formaron el
Concejo de la Ciudad, que salió a recibir la toma de posesión. El cinco de
febrero tuvo lugar el acto de posesión, saliendo el corregidor junto con cuatro
miembros del cabildo , dos regidores y dos jurados, con los porteros bajos
mazas, montados a caballo, acompañados de un gran número de caballeros. Al
llegar al Castillo, fueron recibidos por el Concejo de la villa en medio
repique de campanas y toque de chirimía, tal como refleja el acta de aquel día,
muy alejada la descripción del cronista castillero. En la Villeta, los alcaldes
ordinarios Miguel Ibáñez y Diego Martín de Quesada, y los regidores residentes
Cristóbal Ruiz Cortecero y Francisco Muñoz Nava y el alguacil mayor Juan Marcos
de Rueda, en presencia de los comisionados de Alcalá leyeron el Real
Despacho de toma posesión, fechado el
diez enero de este año. Obedecieron las justicias del lugar entregando las varas y entraron
en el Castillo, tomando posesión. después celebraron varias ceremonias
religiosas y protocolarias en la Iglesia de san Pedro y en las casas de
hospedaje destituyó a los anteriores alcaldes ordinarios y alguacil mayor,
nombrando a Alonso de Lara y Juan Hermenegildo de Extremera, y Juan Ruiz Ruano.
Para dar testimonio, los hidalgos miembros de la familia de los Sotomayor don
Antonio de Sotomayor y don Fernando y
don Juan de Valenzuela y otros caballeros acompañaron a la comitiva del cabildo
alcalaíno hasta la salida de la ciudad. Diferente es la descripción y la
apreciación de los actos pues el escribano dice :
Y de como la
tomaron quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna, lo pidieron a mí el
Escribano por testimonio, y el dicho señor corregidor mandó dar en bastante
formas. Cf.5.2.1698)
LO cierto fue que el corregidor
Francisco de Pinedo había conseguido en el mes de octubre de 1697 la
restitución de la villa.
Sin embargo a finales de año, el
corregidor de Alcalá tuvo que apresar al alcalde ordinario Juan Hermenegildo y
destituir al compañero, llevando el
asunto a la Chancillería ante las quejas de los vecinos, nombrando como
alcaldes al los regidores residentes en la villa Andrés Ortiz y Pedro Galán de
la Bella.
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