Protestas, motines y luchas de
bandos
Durante el reinado de Felipe IV,
no es verdad que el movimiento de contestación social significara un cambio de
las estructuras de poder organizadas, ni menos aún que tuviera una base social, estructurada en
sus órganos correspondientes, para que pudiera poco a poco dar lugar
a un cambio social. Sin embargo, a lo
largo de este reinado se prodigaron un gran número de conflictos que muchas
veces respondían a intereses personales de las distintas familias hidalgas que
habían controlado el poder municipal, a lo que se añadieron algunas
manifestaciones de protesta colectiva por los grupos más desfavorecidos ante la
corrupción de los más poderosos y el aparato administrativo. Con un enfoque
actual, no se uede valorar qie tuviera gran trascendencia el ascenso social de
los Zamorano, pero refleja el litigio
entre los hidalgos de sangre y los nuevos advenidizos. Pues completamente
emparentados con las familias de los hidalgos de sangre, ya la ciudad no tuvo
que hacer frente a un litigio que se prolongaba más de treinta años. Mientras algunos casos fueron simples
problemas de orden controlados por la justicia y a ello contribuyeron corregidores como Pedro González de Hoces en
1621, otros, en cambio, con sus actitudes dilatorias o partidistas a favor de
alguna de las facciones provocaban agravar el clima de conflictividad. La desidia
y el abandono del cargo dieron lugar a situaciones muy complicadas como el caso
del corregidor Liñán de Zúñiga.
No obstante, era dificil a veces
controlar el orden público con la sola
presencia del alguacil para controlar muchos enfretamientos con armas, pues se
dieron casos de muerte de alguno que otro a manos de vecinos, como en el 1622
Francisco Bonal muerto a manos de Pedro de Lara.
Diversos bandos controlaban la vida municipal, que, a su vez, extendían
sus redes en un entramado integrado por
miembros de diversas familias , clientes y amigos de ellos. Es el caso de don
Pedro de Pineda y Góngora que controlaba una gran parte del cabildo tal como le
acusaba otro regidor Francisco de Salazar y Mendoza con motivo del nombramiento de alférez mayor [1].
Estos conflictos, sobre todo, resurgían en
cuestiones protocolarias, principalmente, de preeminencias y en la defensa de
los intereses agropecuarios. Áún más, la reforma, empredida por el consumo de oficios, dio lugar a que
renacieran enfrentamientos entre los diversos bandos. El grupo de hidalgos,
procedente de los descendientes de los conquistadores e hidalgos de sangre,
pronto se opuso a aquella reducción que le afectaba al control del poder
municipal, concretizado en la reducción del número de jurados, regidores,
escribanos, y procuradores. Un grupo formado por Gonzalo Narvaez de Padilla, el
licenciado Alonso de Rojas, Juan de Novoa, Gaspar de Ciezas, Francisco Mazuelo
Monte, Rodrigo Alfonso Clavijo, Alonso de Aranda Cañete, Juan de de Aranda
Góngora, Luis Fernández de Cardera, rechazó la reforma, aludiendo lo poblada
que se encontraba la ciudad en la cota más alta de tres mil vecinos y mil
vecinos del Castillo, cifra exagerada para la época, que contrastaba con el
único padrón realizado ante el escribano Pedro de Contreras que cifraba en 1624
en el año 1614. Sus razones eran la necesidad de un mayor número de regidores
por las muchas delegaciones y comisiones, la distancia con el recinto
fortificado que impedía la ausencia de muchos de ellos, el desgobierno futuro
que podría ocasionarse eran otras razones para rechazarlo.
Este grupo, por su parte, impedía cualquier apertura en el
acrecentamiento de sus miembros. Por eso, en 1630, cuando el rey, acuciado por
las dificiles cirunstancias económicas que le ocasionaban los frentes de la
guerra en Italia, Flandes y en las Indias, se opusieron la mayoría de ellos a
conceder hidalguías a nuevos personajes enriquecidos por puestos buurocráticos.
Un claro ejemplo fue el entablado con el escribano Luis Méndez de Sotomayor con
el que emprendieron una serie de litigios que alcanzaron en algunos momentos la
violencia entre los diversos bandos de la ciudad que enfrentaba a los Sotomayor y los nuevos advenidizos como los Utrilla y
Vazquez Mesía frente a los hidalgos de sangre como los Cabrera, Góngora, Aranda
o Clavijo [2].
Lo mismo manifestaron en 1634
cuando los vecinos acuciados por gran número de cargas municipales y oficios
pretendían que estos últimos podían repartirse por igual entre pecheros y
nobles. El estamento hidalgo se opuso rotundamente, agoviado por la posible
entrada de otros muchos hidalgos dentro de ellos y el consiguiente disfrute de privilegios anteriores[3]. No
obstante, varios miembros aspirantes por sus títulos profesionales en este
mismo año, se volviio a replantear la
vuelta al cómputo de cargos
anterior a la reforma de Gilemón de la
Mota, porque eran necesarios y porque, además, tan sólo tres regidores de la familiar de Salazar y
Mendoza controlaban todo el gobierno municipal. Los nuevos regidores o
herederos de familias proecedentes de finales del siglo XVI, Miguel de Utrilla,
Luis de Ortega, Juan Fernández de Villalba y el abogado Pedro Muñoz de los Díez
defendieron la postura de los vecinos en el cabildo y se opusieron los
regidores hidalgos de la familia Salazar, el hermano del abad Alonso de Moya,
el advenidizo Juan Vázquez Mesía, el alcaide Antonio de Gamboa y Pedroy
Cristobal de Jérez. El enfrentamiento fue tenso entre los distintos miembros
provocando la salida de algunos de ellos de la sala de Cabildos hasta tal punto
que el asunto lo llevó a la Corte el regidor
Miguel de Utrilla.
Pero, este pronto murió y se inició un nuevo pleito, en
el que los renovados regidores trataron de impedir cualquier tipo de ampliación
con todos los medios posibles . La razón fundamental de su postura radicaba,
más bien, en esto último, que en otros motivos alegatorios y vanales. Pues
aludían que, anteriormente, se habían evitado los bandos que hasta ahora habían
dominado la vida municipal y habían gonbernado con paz y quietud la reública.
Tampoco es muy creíble el beneficio de las clases menos privilegiadas al disponer la ciudad de mejores y mayor número
personas preparadas para ejercer la gran cantidad de oficios que se nombraban
por el cabildo y no verse obligados los sectores menos desfavorecidos a ejerer
cargos que le implicaban molestias y vejaciones. Era, ciertamente, un dato
fiable que anteriormente los oficios solían recaer siempre entre un reducido
grupo de personas, que participaban de una endogamia y de un
clientelismo a través de las ventas de los oficios y la corrupetela de su
administración den detrimento de las clases menos defavorecidas. El corregidor
Diego de Guizmán decretó la vuelta a la situación anterior que permitía un
mayor número de oficios
Un
alcalde mayor en contra de los regidores
Lo mismo sucedía con el abuso de poder por
parte de las autoridaes. Hubo decisiones
desorbitadas en este año mencionado
anteriormente cuando tomó, sin provisión real el alcalde mayor doctor Lara y
Castro, la decisión de roturar en beneficio de la ciudad o 500 fanegas de
tierra en el monte baldío, destinado al pasto común y cría de ganado, con el
fin de hacer frente a las obras de los corredores y el rastro. Pero esto venía
en detrimento de las intereses de los ganaderos, que veían cada día más
reducido el término municipal destinado al pasto de sus animales. Los intereses
contrapuestos provocaba un amplio debate entre los miembros del cabildo,
divididos entre la legalidad e ilegalidad, subterfugios de intereses
particulares. De ahí que surgieran situaciones muy embarazosas de personas
afectadas ante el anticipo de dinero y nuevos arrendamientos de tal manera que
al final los propios munícipes obligaron a paralizar dicho arrendamiento y
endeudamiento de los propios para pagar las obras emprendidas. El regidor Ruiz
Díaz de Mendoza emprendió todo tipo de acciones legales ante la carestía y
subida del precio de la carne. Pues, aunque parezca un poco exagerado, se veía
en situación de peligro el ganado de cerda y ovino y, lo peor de todo, se había
desmontado gran cantidad de monte
llegando a producir más de mil cargas de leñas de las que se aprovecharon el
corregidor y alcalde mayor. Estos tuvieron un enemigo común cual fue el abogado
Diego de Haro y los regidores Francisco Salazar y Pedro Vazquez Mesía que
prosiguieron el pleito contra el alcalde mayor tras el cese de su cargo. Con ello se logró que las tierras
no se volvieran a arrendar y se quedaran de pasto común, porque, segun alegaban
los regidores, un foco fantasiosamente eraimposible criar ganado ovino ni de
otro por no haber donde pastar nu monte bajo para abrigo, dando lugar a que
los los ganaderos lo sacaran del término para venderlo.El abuso de poder por
parte de los corregidores siguió excediéndose en las competencias e invadiendo
los privilegios de los regidores y jurados
y era otro campo frecuente de fricciones en la ciudad, puesto que su
nombramiento real no le permitía usurpar los privilegios que la ciudad había
conseguido en siglos anteriores. Varios fueron los pleitos entre los que
destacó el nombramiento de alguaciles de la ciudad. Esto enfrentó en 1633 al
cabildo con el corregidor Diego de Guzmán que unilateralemnte pretendió evadir
esta suerte concedida por Alfonso XI alos miembros del cabildo. Aunque,
alineado con el bando de Rodrigo de Cabrera con el que tenía cierto parentesco,
los regidores Antonio de Gamboa, Juan Fernández de Villalta, Pedro de Góngora y
Alarcón se le opusieron y fueron encarcelados, dando lugar a la paralización de
la vida municipal en el que no se convocaban cabildos. Recurrieron a la Real Chancillería de Granada e inmediatamente
fueron soltados.
La situación de la hacienda
municipal era desastrosa, porque las
tierras de arbitrios no habían cobrado más de mil ducados ni se habían nombrado
regidores comisionados para los pleitos ni para las esterilidades de donde
dimanaban muchos intereses de la ciudad. El abuso de los ejecutores y el
nombramiento de un excesivo número de alguaciles atormentaba a muchos
labradores, porque cobraban en exceso y había llegado a un límite la ciudad que
la ciudad no había visto los
nombramientos y llevan más derechos de los que toca y salen al campo a
denunicar, no pudiendolo hacer y se a dado ante su Majestad en su Real Consejo
el riesgo que esta Ciudad y capitulares de ella con la deuda del señor don
Diego de Guzmán, por los bandos y disensiones, que han formado en particular
don Alonso de Cabrera, y amenazas y excesos con el nombramiento de tantos
alguaciles-
Ante esta situación, trasladaron
el asunto a la Corte, protestando por la actitud excesivamente personal del
corregidor que impedía la participación de los regidores en detrimento de la
hacienda local, mermada por la falta de cobro del Pósito, propios y arbirtrios,
y lo más grave el alineamiento con un bando de ellos, al que exigieron la prohibición de entrada en
terrenos de propios :
“el dicho don Alonso de Cabrera
sin poder hacer, en contravención de las órdenes reales, tocantes al plantío y
conservación de los Montes y a lo dispuesto en las Cortes de 1632, teniendo en
su mayorazgo mucho monte de encinas. muy considerable y provechoso a esta
república, muchas veces a bendido muchas encinas a carboneros, y la ciudad y la
justicia de ella le han hecho causas y justicias de ella y impedido a él
cortar, y no obstante este, a prozedido y con la mano poderosa del teniente y
el favor del señor corregidor procede de suerte que de raiz saca encinas y
talado el dicho monte y a aciendo lo mismo a lo que queda, y lo peor es que en
lo público y realengo a hecho la dicha la dicha tala y bendiendo las dichas
encinas a carboneros, en que se a seguido más de treinta mil ducados”[4]
El asunto lo zanjó la resolución
de Jose Chumacero y Carrillo, miembro del Consejo y Presidente del Consejo,
obligando al corregidor a entregar las varas
de los aguaciles mayores de
Alcalá y Castillo de Locubín y la del
alguacil de penas de ordenanza para que lo echaran en suerte entre los miembros
de la ciudad[5]
.
Otras veces el conflicto radicó
en la elección de personas a la hora del
nombramiento de guardas de campo y alguaciles de vagabundos y penas de
ordenanzas, como ocurrio este mismo año,
No tardó en producirse la reacción de protesta contra el mismo corregidor en el
Castillo de Locubín. Alegaba el corregidor que la villa tenía más de 600
vecinos y nombró el corregidor a los guardas de las seis zonas del campo otros
seis sobreguardas o acompañantes de los guadas, además que los alguaciles
también solía emprender algunas acciones de ejecución y control en el campo.
Por su parte, la ciudad, no admitía en el Castillo más de quinientos vecinos y
tan sólo un alguacil mantenía el orden desde hacía treinta años hasta 1633 y el
actual Lorenzo Maldonado en contra de las ordenanzas vívía en Alcalá y había
cometido un gran número de vejaciones contra los vecinos. La situación se
descrbía en el dos septiembre de esta manera por el corregidor parcialmente:
“la ocupación es de tan poco
aprovechamiento que falta ordinario que execute los autos y órdenes de la Justicia,
y padecen notable daño y perjuicio los vecinos de que ha tenido queja general,
y así mismo grandes robos y salteamientos que suceden en el campo, y es forzoso
hayga nuestra justicia que la visiten y requiera, lo qual no es contra los
privilegios que este no tiene por nombrar guarda de campo(..).noombró uno en
particular que bisite de noche y de día el término común y bentas para obiar
guertas y salteamientos y en razón de tocarle las execucioneses cosa
asertada..”.
El propio síndico lo apoyaba porque
los vecinos de Martos se adentraban por la zona del Castillo a medio legua con
sus ganados y no había más solución que poner remedio.
Claro reflejo de los bandos y el
resentimiento entre ellos dieron lugar con motivo de la real provisión que, en
el año 1623 ejecutó Baltasar Gilemón de la Mota, miembro del Consejo, referida
al consumo de oficios, quedaron a un tercio de los miembros y oficios del
cabildo ( de 27 regidores pasaron a nueve, de 12 jurados a cuatro, y en la
misma proporción los 17 escribanos a ( cinco de Alcalá y uno en el Castillo)
seis, procuradores). La queja se inició por parte de los regidores, pero pronto
otros grupos afectados manifestaron sus quejas, aludiendo a la alta vecindad de
la ciudad que alcanzaba los tres mil vecinos, cifra un poco exagerada, y 700
vecinos del Castillo y la acumulación de servicios como el de millones,
arbitrios e impuestos para que los pudieran administrar los reducidos oficios.
A la contestación y protesta se unieron un numeroso grupo de vecinos, ligado con
el grupo de hidalgos, y el estamento
eclesiástico, representado por 33 clérigos firmantes; lo mismo hicieron los
oficios liberales como los ocho abogados de la ciudad, los dos médicos y los
miembros de las familias hacendadas solicitando seis escribanos para Alcalá y
dos para el Castillo. Ni el corregidor ni Gilemón de la Mota aceptaron la
propuesta. La propuesta se extendió al Castillo de Locubín, donde el regidor y
vecino Rui Díaz de Mendoza reclamaba dos de los tres escribanos reducidos a
uno, pues la villa tenía seiscientos vecinos y la razón no era otra sino la
económica:
“su principalcosecha que tenía
era la del vino que se cogía en la dicha
villa que se sacaba todos los días y a todas las horas con guías, si fallase el
dicho escribano cesaría dicho trato y comercio”[6].
Lo mismo hizo el vicario Miguel
de la Peña Valenzuela y diez clérigos y los vecinos más representativos, entre
ellos seis familiares del santo Oicio y el capitán Benavides.
Por unos años llegó a mantenerse
el consumo reducido de oficios, que apartó de los cargos al grupo de regidores
ligados con los hidalgos de sangre( los
Aranda, Pineda, Gángora, Monte) frente a los Sotomayor, Mendoza y Salazar,
Gómez de Moya y Utrilla, que se habían enriquecido poco a poco con la
concentración de tierras en sus personas o sus clientes. Estos últimos van a
ser los más arduos defensores del mantenimiento de la situación ante las nuevas
medidas de apertura que se inician por
los años treinta ante la asfixia de la Corona, concediendo nuevos regimientos y
oficios.
Un apartado singular merece
destacar por la trascedencia de la economía comarca. Nos referimos al comercio
del vino. En este reinado la produccción vitviinícola había alcanzado su mayor
cota de producción y la distribución geográfica más amplia en el mercado de las
provincias del Reino de Granada, Jaén, incluso, de Córdoba. Sin embargo, dos
factores van a contribuir a la inestabilidad del mercado y al inicio de la
decadencia del primer producto excedente de la comarca. En primer lugar, el fraude
de toda aquella red de comerciantes, corredores y productores que obligaron a imponer medidas más restrictivas
en perjuicio de la libertad del mercado. Y, en segundo lugar, el cierre o la
progresiva disminución de importantes núcleos de vetnta del mercado ante la
entrada de otros vinos procedentes de la tierras cordobesas y la producción
autóctona, como fue el caso de la ciudad de Granada.
El fraude del comercio de vino
se había originado en el anterior reinado por los corredores del vino, que
tenían obligación de controlar las medidas líquidas en cualquier acto de venta con el fin de que se le aplicase el
impuesto de millones. En 1621, se nos presentaba esta situación:
“ha habido muchos fraudes y
excesos en las personas que los arriendan, en especial, los corredores, porque
estos manejan quanto ay en el lugar y lo tienen a su beneplácito y dispusición
y tienen mano para hacer lo que ellos quieren que se lo vendan a quienes es su voluntad, y la mayor parte de
ellos o todos, que es lo peor, tratan en vino y debaxo de decir que es
para medir, se lo compran para ellos, y,
lo que es bueno, lo desaforan y, lo que es malo y quieren despachar, lo
acomodan por sus particulares intereses, porque es suyo, y, siendo el mayor
trato de este lugar como es el del vino, porque toda dciha hacienda que tienen
los vecinos es esta, no tienen comercio ni despacho y, por no tener salidas,
pierden las bodegas habiéndoles tenido a los herederos tanta costa de emplear
en esto su caudal, y luego costearlo con tan excesivos precios”.
Ante este fraude, la única
salida consistía en renovar a los medidores de vino anualmente
impidiendo, en lo posible, las prórrogas anteriores de dos años y
afianzando el oficio sin necesidad de que tuvieran que hacer fraude para poder
pagar los remates de la concesión de este oficio. Claro testimonio de que el
malestar social era notorio era esta última medida:evitará la violencia y no
estarán los vecinos empeñados y que la renta pase por la mano del corredor y
cada uno vaya a casa de los herederos que les pareciere comprar y concertar con
que cesarán los dichos incovenientes
y malestar de la república por dicho modo vejada y oprimida[7]
Sin embargo, se opusieron
algunos regidores y se retrasaron nuevas ordenanzas varios meses, y dieron largas al castigo de
mil maravedíes a los consumidores y a los medidores de vino, Cada vez fue
más necesario y peretnorio tomar medidas y nombrar nuevos delegados que
consiguieran el armónico desarrollo del mercado y, sobre todo, de ahí que, ante
las quejas de los taberneros:
los medidores no compren vino
para sí ni par otra ninguna persona, sino que dejen a los arrieros comprar y
los herederos venderlo, quando tengan comprado, llamar al que bende el vino a quien quisiere de los medidores, para que lo
mida y no tengan medidas sino fueren los herederos...
que ningún medidor compre vino
ni lo reparta a ningún tabernero sino que el tabernero compre de cualquier
heredero y que el tal tabernero ayude al sisero a dar cuenta que lo ha comprado
y de quien lo compró
que los medidores no puedan
llevar más de dos maravedís por arroba de cada tinaja que midieren al vezino y
otro tanto al arrierro...
que no se pueden reelegir sin
pasar un año de su nombramiento de medidores..
se manda que cualquier medidor
que aya sido privado no tenga taberna y
que cumpla lo mandado y se castigue por el esceso que a hecho
que dichos medidores no puedan
vender a ningún arrierro
vino suyo ni ajeno, porque harían muchos
fraudes.
No era tan fácil la
comercialización en estos años, pues los mercados de Jaén tambien, poco a poco, se fueron restringiendo. Un caso especial es la zona de Campillo que
protestó en 1621 ante el cambio de un vendedor que trata de vino a Noalejo
el tiempo que durase la feria y lo llevó a la raya del Camello. Al mismo
tiempo, surgió la competencia de los
buenos vinos en la Costa con los
de Alcalá, cerrándoles los puestos de muchos
mercados.
Relacionado con la sisa del vino
hay que entender enfrentamientos personales como el jurado Husepe Gómez de
Villalba y el licenciado Martín Alonso de Herrera por un enfrentamiento con
acuchillamiento en el que estaban implicado el doctor Roger alcalde mayor.
Pero la causa del conflicto
vino, sobre todo, provocada por la
entrada del vino de Lucena en Alcalá, ya que los arrieros aprovechaban los
itinerarios hacia otros lugares para
abrir puntos de venta en Alcalá y en la comarca como en Valdepeñas. En el año
1624, ante las quejas de los vecinos, se acordó por el ayuntamiento la entrada
de vino de Lucena[8].
Pero los acontecimeitos adversos
contra el comercio del vino se fueron intesificando año tras año. En 1625 se
solicitó al cabildo ayuda ante la confederación de los linajes, que pagaban la
tercia directamente sin la intervención de medidores ni tabernero, provocando
un conflicto con las normas de la ciudad [9]. En
1630 se constataba y ya era una realidad la entrada negativa de vinos, que provocaron la desaparción de
los propietarios de viñas por el elevado sueldo de los trabajadores. De ahí que
regulasen los sueldos[10] .
Por eso, no fue de extrañar que en la
ciudad se formaran dos grandes grupos, uno dirigido por Rodrigo de Cabrera y
otros hidalgos de sangre y otro
enfrentado al anterior dirigido por Luis Méndez de Sotmayor. Este úlimo,
coaligado con el corregidor, que había introducido vinos cordobeses a la ciudad
provocando la decadencia. El conflicto no quedó en el debate institucional,
sino que llegó a las manos entre los partidarios de unos u otros Hubo alguna muerte de un arriero y el asalto a las cargas de vino foráneos e incluso
enfretnamientos de armas entre los distintos bandos que hubo que atajar el
corregidor. Como es lógico, los intereses y odios personales generaron una
serie de acciones y reyertas entre ambos
grupos. Al final el cabildo, consciente de la autoridad municipal para zanjar
el conflicto , en 1632 promulgó una
nueva ordenanza del vino que impedía la entrada de vino de fuera y nombraba comisarios a
Francsico de Salazar y Alonso de Moya para redactarlos: parte porque la
ciudad temía a la consumición de los vecinos herederos de vino , porque es la
principal cosecha y caudal[11]
Los opositores a la entrada de
vinos foráneos convocaron varios
cabildos a campana teñida para alarmar e
implicar a toda la población en la defensa de una de las fuentes más importantes
de su amenazada economía, a lo que se oponía el corregidor previendo las
intenciones y la tensión que se había generado entre los bandos. En 1633, el
problema siguió eferveciendo ante las
nuevas imposiciones que hubo que hacer efecto a la Corona. Por eso, se
estableció una ordenanza que prohibía:
entrada de vinos de fuera de la
ciudad en ella ni en las tres leguas a la redonda y planta de vinos y cobranza
de ms los qualesse repartena para paga
de S.M en una cnatidad de 522 reales y 22 ms.
Al año siguiente, un vecino
Antonio Callejón introducía el vino de Lucena, dando lugar a una queja de los
vecinos que veían coartados sus ingresos
y pedían que se cumplieran las ordenanzsas antiguas de entrada de vinos porque
era el principal caudal y hazienda que tienen [12].
Lo más grave fue que la
dificultad de la venta de vinos se extendió
a los tradicionales comercios de Granada con la entrada de los vinos cordobeses en quella
ciudad, porque provocó una nueva competencia en la ciudad de la Alhmabra ,
donde hubo que defenderse, a lo largo del siglo, mediante continuos
pleitos para hacer valer los privilegios
que le permitían entrar en el mes de mayo, junio y julio. Además, cada vez más
se veían acosados los comerciantes por medidas impositivas y por los cosecheros
granadinos [13].
Por eso en los años treinta y cuarenta fueron constantes los viajes de los
comisarios regidorees, y, hasta del propio corregidor, a Granada para defender
la ciudad ante la nueva situación.
atento al negocio de vino por
esta ciudad en la de Granada es tan grave y de mucha utilidad para los vecinos
de esta ciudad hererederos de vinos, y en Granada se le hacen vejaciones y no
les dejan vender libremente ni usar de privilegios y exenciones que tienen de Su Majestad [14].
Otras veces, el problema lo generaba, como se ha
dicho anteriormente, las actuaciones arbitrarias de la justicia en contra de
los intereses de parte de los privilegiados de la ciudad. En este contexto hay
que entender el conflicto provocado por el alcalde mayor doctor Lara y Castro,
que tuvo su origen en el reparto
personal de 500 fanegas de tierra, sin provisión real, para subvencionar las
obras del Rastro, que denunciaron muchos vecinos que exigían nuevos
arrendatarios. La acusación de los regidores, defensores de los terrenos
concejiles para el pasto común, lograron que fuera condenado al embargo de sus
bienes, valorados en cinco mil ducados.
Sin embargo, las situaciones más
conflictivas siempre fueron causadas por los ejecutores y los jueces de la
Cancillería y del Rey ante el impago de los acredores. Para ello, se valían de
sus ministros y alguaciles tal como se reflejaba el uno de octubre de 1621:
“Los alguaciles y ministros e
justicia, en el tiempo que en esta ciudad an estado, an prozedido indebidamente
en sus oficios causando grandes estorsiones y vejaciones a los dichos
vecinos llevándoles derechos indebidos
en tanto esceso y exsorbitancia que assi
lo llevaban a ser caso principal de las
deudas, a lo menos que podrían pagar los
vecinos parte de ellas, con lo que así
an llevado y, lo más a sido, por no executar ni cumplir mandamientos, y
teniendo muchos retardado, habiendo con ello se dado vuelta y llevándolo que
podrían sacar para executarlos por vía de cohecho y soborno, daban los mismos
mandamientos a otros alguaziles y demás de estos tiniendo esta ziudad
exequtorias ganadas para que se guarden el orden de los derechos por el vía y
forma , que es todo a de aver, como es que llevando más de un mandamiento,
yendo a tomar más de una posesión, se dividan los derechos porrata, an
contravenido en todo a las dichas exequtorias sin guardar en cosa alguna
aranceles de todo lo que han siguido a los dichos vizinos gran daño y
perjuicio”..
El carácter pacífico de la
ciudad resolvía todo este tipo de cuestiones mediante la intervención de los
propios regidores que emprendían las
alegaciones de defensa y sus abogados en la Corte y en la Chancillería de
Granada. No siempre se conseguían las dilaciones oportunas, sino que a veces
los regidores eran tambien víctimas de los propios ejecutores y pasaron varios
días apresados hasta que lograban levantar las ejecuciones de las deudas, como
en el año 1622 ante el impago de los corredores[15] .
Pues cualquier imposición conllevaba abusos por parte de los arrendadores de
arbitrios o sisas y los vecinos
inmediatamente acudían al cabildo para que velara por los intereses de
los vecinos. En 1634 lo hicieron ante los abusos de los arrendadores del voto
de Santiago que cobraban más de lo que les pertenecía [16].
[1]
Acta del cabildo de 27 de enero de 1623.
[2]AMAR. Acta de
cabildo de 31 de mayo de 1630. Estos fueron los hidalgos que se opusieron que
citamos por la representatividad de sus familias: Rodrigo Cabrera y Luna, Martín de Gamboa, Antonio de Gamboa, Gonzalo
de Narvaez y Padilla, Martín Fernández de Villalta, Alonso de Valenzuela y
Mendoza, Rodrigo Alfonso de Clavijo, Pedro de pineda Méndez, Pedro de Góngora
Pineda, Fernando de Cabrera y Aranda, Pedro de Góngora Alarcón, Antonio de
Pineda Narvaez.
[3]
AMAR. Acta de cabildo de 11 de marzo de 1634
[4]
AMAR Acta de cabildo de 11 de agosto de 1633.
[5]
AMAR. Acta de cabilo de 25 de agosto de 1632
[6]
AMAR. Acta de cabildo de nueve de marzo de 1634.
[7] AMAR. Acta del cabildo de 22 de junio de 1621
[8] AMAR. Acta de cabildo de 25 de noviembre de
1624
[9] AMAR. 28 de enero de 1625.
[10]
AMAR. Acta de cabildo de 13 de marzo de 1630.
[11] AMAR.
Acta de cabildo de 28 de junio de 1632.
[12]
AMAR. Acta de 20 de marzo de 1634
[13] AMAR. Cabildo de 14 de mayo de 1634.
[14]
AMAR.- Acta de cabildo de 16 de mayo de 1634.
[15]
AMAR. Acta de cabildo del tres de agosto de 1622.
[16]
AMAR. Acta de cabildo de 10 de enero de 1634.
No hay comentarios:
Publicar un comentario