Una segunda vertiente se derivó
del litigio con el Castillo de Locubín. Pues para pagar su compra, hubo que
roturar tierras e imponer arbtirios sobre los agricultores. Pero se dio la paradoja que no sólo oprimían a los
labradores los continuos arbitrios que debían pagar por las tierras concedidas
sino que los ganaderos no tenían donde pastar
por estar roturados los abrevaderos y no encontrar criados que les guardasen el ganado, ya que se veían
continuamente penados por las ordenanzas que impedían las entradas de sus gandos en las tierras de
los poderosos. Esto daba lugar a que no podían
criar ganados, ni se producía el abastecimiento de carnes al mercado de
la ciudad ni la elaboración de lanas, limitando, en consecuencia, los ingresos
impositivos a la Corona.
Además, la corrupción política
alcanzaba a las altas esferas del poder.
Pues la mayoría de los regidores
conseguían las tierras por irrisorias cantidades. Se daba el caso de que, por
ejemplo en 1629, un escribano y un regidor
habían conseguido más del diez por ciento de las cinco mil
fanegas roturadas. O, el colmo de las influencias, con el regidor Juan
Vázquez Mesía que había conseguido la
dehesa de carne a mitad de precio
en una subaasta que se sacaba para los pobres. Y eso ue todas estas
medidas estaban revestidas de la máxima legalidad, porque se
ocultaban los nuevos propietarios
mediante la intervención de personas interpuestas que lograban conseguir
todas las tierras y resultaba “ que con todo el
común se puede verificar que se se labran por su cuenta y que sus esclavos son los que los benefican”[1] . No sólo conseguían sus frutos los regidores
sino que el propio corregidor de 1625 favorecía a sus familiares permitiendo el
pasto de los ganados en su cortijo y sobrepasando los límites de la legalidad
al no dclarar el ganado.
Con la compra del Castillo, aquí se
impusieron razones de privilegio
otorgadas por reyes anteriores y los
intereses de los ganaderos, ya que
estos se veían privados de unos extensos
montes de pasto cuales eran los
comprendidos por la sierras de Valdepeñas, Marroquí y toda la zona que limitaba con Alcaudete,
Martos, y Valdepeñas.
Relacionado con la anterior, por
la parte de Frailes la delimitación del
cuarto de legua dio lugar a varios
conflictos a lo largo del siglo entre los nuevos propietarios y los ganaderos
de Alcalá la Real hasta que se delimitó definitivamente. La Majada Cano y la
Atalaya eran dos puntos conflictivos, donde pastaban los ganados vacunos en el
siglo XVII y no era raro el motivo en el que los guardas del Marqués apresara
las vacas de los propietarios como en el año 1633[2].
Para colmo de males, las bajas
de la moneda tambien afectaron a la ciudad, que se vio obligada a pagar muchos
donativos, servicios reales en plata, provocando contínuos retardos y
ejecuciones. A finales de 1629 tuvo
lugar una de ellas ,que le supuso un gran desfase en su economía porque estaba
practicamente embargada con la compra del Castillo de Locubín.
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